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Fiscalía pide 17 años de prisión para Edgar Alarcón por corrupción

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De no haber sido electo parlamentario por Arequipa, lo más probable es que en este momento el congresista Edgar Alarcón se encontraría en una cárcel pública y no promoviendo la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

El Ministerio Público le atribuye graves delitos de colusión, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito durante su paso como servidor de la Contraloría General de la República y contralor general.

Múltiples delitos

Los cargos en su contra, según ha podido conocer La República, suman seis expedientes distintos. Es probable que la cifra sea mayor. En dos de esos procesos, la fiscal Zoila Sueno ha formulado acusación penal ante el Poder Judicial por delitos de peculado doloso y colusión agravada, por lo que está pendiente el inicio del juicio público.
Los hechos están referidos a presuntos actos de corrupción que habría cometido en los años en que laboró como gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor de la Contraloría General de la República.
En otros tres casos, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó denuncia constitucional ante el Congreso, por delitos de peculado doloso, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Actos ilícitos que habría cometido, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como contralor general de la República.

Se le atribuye peculado doloso por la presunta apropiación de caudales públicos por 81.121,73 soles, a favor de terceras personas, quienes simularon ser proveedores de la Contraloría, entregando recibos de honorarios por servicios ficticios o simulados.

La denuncia por tráfico de influencias está referida a un pedido y pago de 30 mil soles por parte del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel para reunirse con Alarcón, en la Contraloría, para levantar el embargo de las cuentas municipales.

Mientras que se le atribuye enriquecimiento ilícito al detectarse que entre junio del 2016 y julio del 2017 realizó gastos que exceden sus ingresos hasta por 201.337,24 soles y registra depósitos bancarios no justificados por otros 275.644,90 soles


La Fiscalía de la Nación requiere que el pleno del Congreso le levante la inmunidad parlamentaria para presentar la respectiva acusación penal ante el Poder Judicial y llevarlo a juicio. Parte de los hechos consignados en las denuncias son los mismos por los que fue destituido como contralor por el Congreso.

Si el Congreso no accede al pedido de la doctora Ávalos, se deberá esperar que concluya su mandato parlamentario y, un mes después, proceder a procesarlo penalmente.
Un sexto caso penal por enriquecimiento ilícito se encuentra en el despacho del fiscal Reynaldo Abia, por sospechas de incremento patrimonial indebido de hasta 2.871.186,01 de soles, antes de ser contralor.

Hasta 17 años de cárcel

La primera acusación penal presentada por la fiscal Zoila Sueno, en marzo del 2019, está referida a tres hechos ilícitos que habría cometido como gerente de la Contraloría, al interior de la institución, y aprovechándose de su cargo, en la municipalidad de La Molina.
La Fiscalía señala que la máxima pena que puede recibir por los tres delitos que se le atribuyen es de 17 años de pena privativa de la libertad. Son 4 años por un hecho de peculado doloso, 4 años más por el segundo peculado doloso y 9 años por un acto de colusión.

Además, debe imponérsele 12 años y 8 meses de inhabilitación, esto es, prohibición para obtener cargo público, ya sea por contrato o por elección. Es decir que, si es condenado, Alarcón ya no volvería a ser elegido congresista.

En el primer acto de peculado doloso, la fiscal Sueno argumenta que en el 2010, en su calidad de gerente general de la Contraloría, Alarcón autorizó que se celebraran Convenios de Término de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso, con trabajadores de la institución, violando las normas del manejo del presupuesto público.

A los trabajadores que se acogían al convenio se les pagaba como si se tratara de un despido intempestivo y varios de ellos, un día después o antes de cobrar, ya estaban trabajando para otras entidades del Estado.

La República

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