Por: Alexandra Ortega y Denisse Torrico
Mayra tenía 20 años cuando fue asesinada por su pareja en el interior de un hostal ubicado en Chorrillos, el pasado 31 de enero. Tras cometer el terrible feminicidio, Aarón Tejada Sánchez (18) huyó de la escena del crimen lanzándose por la ventana de un segundo piso.
Mayra fue el último feminicidio reportado en enero; sin embargo, más de una decena fueron registrados en los 29 días del siguiente mes.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se han reportado 33 casos de feminicidio y alrededor de 10 muertes violentas. Una cifra alarmante que se suma a las 82 víctimas de tentativa de feminicidio.
Para Ivonne Maccasi, abogada del Centro de la Mujer Flora Tristán, este aumento es insostenible. Ella considera que gran parte del problema se debe a los especialistas mal capacitados que no atienden adecuadamente una denuncia por violencia de género.
“Si una mujer va a denunciar y no es atendida adecuadamente queda desprotegida y no vuelve por temor o por maltrato. Luego, tenemos las consecuencias. Por eso, consideramos que todas las personas del sector público involucradas en el proceso de prevención, atención y posterior seguimiento, deben estar capacitadas”, sostuvo para La República.
Las decenas de muertes reportadas en tan solo dos meses demuestran la terrible realidad de ser mujer en el Perú. ¿Haber nacido mujer nos pone en constante peligro?
Lo cierto es que el año pasado se reportaron 163 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Se teme que este año aumente esa cantidad, por lo que diversos colectivos feministas exigen la implementación de un protocolo efectivo para atender estos casos.
Diana Miloslavich, activista del Centro de la Mujer Flora Tristán, opinó sobre las vías de solución frente a la violencia contra la mujer. “Considero que debería implementarse el Plan Emergencia Nacional para frenar la ola de muertes contra la mujer y la tasa de feminicidios en la actualidad. Esto también se aplicó en México”, detalló.
Por otro lado habló sobre el Centro de Altos Estudios contra la violencia hacia las mujeres, contemplado en la Ley 30364. “Esto recién se está implementando, pero consideramos que no solo deben ser charlas o conferencias sobre cómo tratar la violencia de género, debe ir más a fondo para que las personas que trabajen en el sector público conozcan cómo llevar estos casos”, aseguró.
En lo que va del año hay 326 mujeres desaparecidas ¿Qué pasó con ellas?
La Defensoría del Pueblo presentó el último viernes 6 de marzo un boletín en el que detalló que alrededor de 326 mujeres han desaparecido en los meses de enero y febrero. Para Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoria del Pueblo, la importancia que le da el Estado al tema es mínima.
“El problema es que el tema de la desaparición no es una prioridad en las comisarías y cuando se trata de una mujer viene la descalificación a su conducta social o sexual y no toman importancia y al no hacerlo la ponen en riesgo. Las cifras se han elevado de 158 en enero a 168 en febrero, a pesar de que el mes tiene menos días. Las cifras son elocuentes, la situación se está dando y no sabemos qué pasó con ellas, si están vivas, si retornaron o si simplemente se extraviaron, si tomaron la decisión de irse sin avisar”, comentó a La República.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, respondió sobre el rol que cumple la institución que preside. Indicó que se necesita que mejoren los protocolos y registros creados recientemente.
“Desafortunadamente todos los indicadores revelan que las desapariciones, la violencia en todas sus manifestaciones, el feminicidio, viene incrementando. La tarea de la Defensoría del Pueblo es justamente hacer comprender al Estado que, por ejemplo, si hay una persona reportada desaparecida tiene que activarse inmediatamente un protocolo de urgencia, con la máxima diligencia y suponer que tiene un riesgo grave, mayor y que, además, tiene que presuponer que la persona está viva. Esto desafortunadamente no está funcionando así. Sí se han dado avances, pero, tanto en el protocolo y en el registro, se necesitan hacer unos ajustes”, puntualizó en diálogo con La República.
Deudos de feminicidios aún continúan esperando justicia
La lucha por reducir las cifras de feminicidio también implica a la familias que aún buscan justicia. Magaly Aguilar, vocera del colectivo Familias unidas por justicia, espera que el asesino de su hija, Sheyla Torres, no salga en libertad.
“Pido justicia. Aún no existen leyes adecuadas para ayudar a las familias con víctimas de feminicidio. Al agresor de mi hija le han dado 15 años de cárcel tras acogerse a la confesión sincera. Él va a salir a los 34 años, mientras que mi hija no va a volver”, señaló.
Sheyla fue asesinada por su expareja, Romario Aco Rodríguez, el 14 de marzo de 2018. Pese al tiempo transcurrido, su sentencia fue dictaminada, pero aún su madre pide justicia. “No pararemos hasta que el sujeto tenga cadena perpetua».
El sábado 14 de marzo se cumplen dos años de su feminicidio y su madre Magaly Aguilar realizará un plantón frente al Palacio de Justicia. “Hemos conversado con la ministra, pero no quedamos en nada. No solo es una muerte son varias”, reclamó.
Este 8 de marzo, decenas de familiares de víctimas saldrán a la calle en busca de seguir con su lucha: ¡No más! No más violencia contra las mujeres.
