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Ofrecían los cargos de fiscales al mejor postor

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La red criminal que dirigía el presidente de la junta de fiscales superiores de Ucayali, Luis Jara Ramírez, que ofrecía puestos de fiscales al mejor postor, logró cubrir plazas laborales en los distritos de Aguaytía, Codo de Pozuzo, Constitución, Von Humbolt, Campo Verde, sectores que registran altos índices de delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de maderas, entre otros.

Según consta en el documento fiscal al que La República tuvo acceso, tal era el negocio que Luis Jara decía a sus amigos que “el negocio está en la plaza de asistentes y fiscales, que lo de los usuarios, es solo un sencillo”.

Jara y sus colaboradores se encargaban de conseguir postulantes a plazas de fiscales y personal administrativo, aprovechando las convocatorias de la Fiscalía de la Nación, para luego proponer a quiénes previamente habrían realizado abonos de dinero de acuerdo a la plaza que pretendían cubrir, contando para ello con un listado de precios.

Los precios por los cargos

Cargos Precios
Asistente administrativo S/ 5,000
Asistente en función fiscal S/ 10,000
Abogado UDAVICT S/ 6,000
Fiscal adjunto S/ 12,000 – 15,000
Fiscal provincial S/ 20,000

 

Casos que se investiga
El fiscal Jara estableció el pago de una cuota trimestral y el que no cumplía con los pagos era cesado en sus funciones. En el distrito fiscal de Ucayali hubo cese de contratos de suplencia de asistentes administrativos y de función fiscal, entre enero y marzo de 2019. Veinte fueron despedidos por no cancelar la cuota trimestral.

Los montos que fluctuaban entre S/ 3,000, 5000, 6000 y 12,000 eran recepcionados por los intermediarios del presidente de la junta de fiscales (Jara), entre ellos Jinna Panduro (asistente en función fiscal en la Fiscalía anticorrupción) y Jean Carlos Valles Murrieta quien ahora es Fiscal Adjunto Provisional, pero antes era asistente en función fiscal de Luis Jara.

Después del cese de los trabajadores que no cumplían con el pago trimestral, Luis Jara ofreció los puestos al mejor postor, entre los que se encontrarían los mismos funcionarios que fueron cesados y que luego de haberse presentado a la convocatoria nuevamente fueron asignados con puestos de trabajo, previo pago de dinero.


El concurso suspendido
También está bajo investigación el concurso público para cubrir plazas de personal administrativo que debía desarrollarse entre agosto y octubre de 2019 en el Ministerio Público de Ucayali.

El examen escrito se suspendió mediante comunicado N° 5 del 25 de septiembre de 2019, puesto que se informó a la fiscalía anticorrupción que se estaba vendiendo el examen escrito por parte de la asistente en función fiscal Elvira Solsol, asistente de Jean Carlos Valles, y Juan Miguel Astete Verde, asistente en función fiscal de Luis Jara.

También habrían intervenido en el cobro del examen, el administrador del distrito fiscal Rubén Reátegui Pérez y el jefe de Informática Carlos Zenon Cielo Viscaya, quien estaba coludido con la jefa de Recursos Humanos Liz Rosani Siverio Ruiz.

En este caso, la fiscalía imputa a Luis Jara ser quien habría ordenado realizar los cobros a cambio de la entrega de exámenes y cubrir las plazas en concurso, advirtiéndose el comportamiento delincuencial del citado, quien habría cobrado más de 3 veces por una misma plaza de asistente administrativo.

En este caso, Jara Ramírez dice textualmente a sus amigos, que “el negocio está en la plaza de asistentes y fiscales, que lo de los usuarios, es solo un sencillo”. La intermediaria de Jara Ramírez era Jinna Panduro, quien ofrecía llegada a Jara a cambio de dinero para que asigne una plaza de nombramiento. Según el documento fiscal, Maileny Lane Tenazoa Ruíz habría pagado a Jara para que se le nombrara mediante el concurso suspendido.

Piden devolución
Se da el caso que algunos de los que pagaron a Jara no lograron una asignación en los puestos ofrecidos, generándose la disconformidad de los postulantes que reclamaron la devolución de su dinero, lo que motivó que Luis Jara disponga que se les devuelva a través de sus intermediarias Anita Aliaga Tafur y Jinna Panduro, quiénes habrían ofertado previamente las plazas. Uno de los reclamantes fue identificado como Juan Saldaña, a quien Jara identificó como “proveedor”.

A Luis Jara Ramírez y sus cómplices se les imputa los delitos de cohecho pasivo y activo específico proveniente de una organización criminal. Ante las evidencias, la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, decidió promover la investigación preliminar en sede fiscal y declararla compleja por el plazo de dos meses con fecha de inicio el 27 de setiembre de 2019. Por el momento el fiscal y cuatro de sus colaboradores están detenidos.

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