Inicio ACTUALIDAD Nacional Muerte civil: Gobierno aprobó ley para castigar a funcionarios corruptos

Muerte civil: Gobierno aprobó ley para castigar a funcionarios corruptos

El jefe de Gabinete, Fernando Zavala, anunció que aprobaron en Consejo de Ministros el decreto legislativo que establece la denominada muerte civil, para aquellos funcionarios que cometan delitos de corrupción.

Esta norma, aprobada en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, inhabilitará definitivamente para trabajar en el Estado a aquellos funcionarios que incurran en actos de corrupción, detalló Zavala Lombardi en conferencia de prensa.

“Hemos aprobado el primer decreto legislativo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso para modificar el Código Penal, a efectos de ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción”, dijo el jefe de Gabinete, agregó que el decreto será promulgado en la siguientes 48 horas.


Asimismo, Zavala informó que el Consejo de Ministros aprobó remitir al Parlamento un proyecto de reforma constitucional que plantea modificar el artículo 41 de la Constitución, a fin de regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

En ese sentido, Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, informó que se aumentará el plazo de prescripción de delitos contra la administración pública.

Asimismo, sugiere que quienes cometan colusión, cobro indebido, peculado de uso, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho, es decir, los comprendidos en el capítulo de delitos contra la administración pública, puedan ser susceptibles de inhabilitación perpetua.

“Ello para el caso de los siguientes supuestos: cuando se cometan contra el patrimonio del Estado, siempre que la gente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada por encargo de ella o contra programas con fines asistenciales o de desarrollo”, añadió.

La ministra agregó que adicionalmente crearán el registro único de condenados e inhabilitados, con el objetivo de evitar que este tipo de funcionario “entre o se recicle” en la administración pública.

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