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MPH aprobó iniciar acciones legales contra ex funcionarios que mediante el silencio administrativo autorizaron el funcionamiento de la planta procesadora Rio Seco

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Mediante un acuerdo de concejo y por unanimidad, en Sesión Ordinaria presidido por la alcaldesa provincial de Huaral, Ana Kobayashi Kobayashi, el pleno aprobó, iniciar acciones civiles, penales y administrativas contra los ex funcionarios de la comuna provincial que permitieron la instalación y funcionamiento de la Planta Procesadora Rio Seco mediante el silencio administrativo.

El acuerdo se aprobó luego que el asesor legal externo de la Municipalidad Provincial de Huaral, Dr. Cesar Alayo Ramos, expuso ante el pleno del concejo, el informe técnico legal sobre como la empresa Procesadora Rio Seco logró el permiso para el inicio de sus operaciones en la provincia de Huaral.

El letrado, dijo que el ex alcalde Víctor Bazán Rodríguez asignó sin ordenanza previa y solo con el informe del área de Asesoría Jurídica, el cambio de zonificación y anexión al casco urbano el predio eriazo ubicado en el sector “Jaway”, para la instalación de la indicada Planta Procesadora.

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“El 02 de marzo 2012, Rio Seco solicita silencio positivo al amparo de la ley 29060, y con oficio 125 – MPH de fecha 11 de abril del 2012, el alcalde Víctor Hernán Bazán Rodríguez, asigna por encima del concejo, sin ordenanza previa asigna la zonificación y anexión al casco urbano amparándose en el informe 334 de asesoría jurídica que le informa sobre la procedencia de la aplicación de silencio administrativo positivo dado que habían transcurrido 9 meses respecto a su solicitud, para que a partir de ese momento pueda instalar, operar una planta de producción de sulfato manganeso modo hidratado para la producción de fertilizantes para la agricultura”, detalló el asesor.

El abogado, también preciso que el ex alcalde Bazán Rodríguez, sabiendo que la empresa Rio Seco obtuvo su permiso de funcionamiento vía el silencio administrativo, le envío un oficio a dicha empresa invitándole a recoger su permiso de funcionamiento. Al respecto, dijo que dicha ex autoridad habría incurrido en un acto de responsabilidad funcional, considerado como voluntad criminal, contemplado en el artículo 399 del Código Penal.
Al respecto, el asesor Alayo Ramos, recomendó al pleno del concejo iniciar acciones civiles penales y administrativas contra aquellos ex funcionarios que irresponsablemente otorgaron autorizaciones indebidas ilegales en un área que estaba destinado para el sector agrario y medio ambiente.

Finalizada la exposición y luego de un breve debate se aprobó el acuerdo de concejo por unanimidad iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables en este delicado tema. El pedido lo hicieron los regidores José Bazán Pizarro y Ligia Changana Solís

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