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Congreso aprueba pena de cárcel de hasta 12 años para acosadores sexuales.

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El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer miércoles la ley de la Prevención del Acoso Sexual en Espacios Públicos, que sanciona con penas de hasta 12 años de cárcel a los acosadores sexuales.

La iniciativa legislativa fue aprobada en primera votación con 66 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones. En la segunda votación se obtuvo 68 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.

La ley contempla sancionar a las empresas donde algunos de los empleados incurra en algún tipo de acoso contra la mujer; sin embargo, excluye la sanción a los silbidos, besos volados y a las miradas persistentes.

“Principalmente lo que se ha sancionado son las actos contra el pudor, aquellas personas que hacen tocamientos indebidos. Las mujeres que son víctimas en los medios de transporte cuando una personas se te pone cerca y puede haber algunas frotaciones con el cuerpo de la dama. También gente que se masturba públicamente”, manifestó la presidenta del Congreso,


El proyecto propone reprimir con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años a quien, sin propósito de tener contacto carnal, realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar sobre sí misma o sobre un tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos con connotación sexual en cualquier parte del cuerpo.

La sanción aumentaría hasta cinco años si se realiza con violencia o con grave amenaza; a siete años si el agente tuviese la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le confiriese autoridad sobre la víctima; y hasta diez años si se tratase de un menor de siete años.

La pena será no mayor de nueve años, si la víctima fuese menor de diez años; ni mayor a ocho años de cárcel, si se tratase de un menor de catorce años; y no mayor a diez años, en caso se tratase de un menor de catorce años.

En tanto, la cárcel sería no mayor de doce años si el acto tuviese un carácter degradante o causase daños físico o mental de la víctima, que el agente pudiese prever.

El dictamen, igualmente, propone una serie de obligaciones a los gobiernos regionales, provinciales y locales; a los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Educación, de Salud, de Transportes y Comunicaciones y del Interior, en este último caso a través de la Policía Nacional del Perú.

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