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Cuestionan a Fiscal Penal de Cañete por presunto favoritismo en proceso seguido en contra del actual presidente regional de Lima

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En la denuncia pública que hiciera hace unos días el periodista José Pardo en contra del actual presidente regional de Lima, Javier Alvarado del Valle, por el presunto delito de peculado, colusión, falsedad ideológica y malversación de fondos, en su periodo como ex-alcalde de Lunahuaná, se vuelve a poner de manifiesto la presunta inconducta funcional que la Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Cañete Elizabeth Eliana Vadillo Leaño, estaría dictaminado en favor del cuestionado titular de la región Lima.

En marzo de este año la Oficina Desconcetrada de Control Interno de Ica-Cañete Sede Ica del Ministerio Público, mediante Resolución N° 09-2010, resolvió abrir proceso disciplinario en contra esta doctora, requiriéndosele que en el plazo de cinco días luego de su notificación, la quejada funcionaria, realice su descargo correspondiente.


En dicha resolución se indica, que en la investigación seguida contra Javier Jesús Alvarado Gonzáles del Valle (Ex alcalde provincial de Cañete y actual candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Lima) y otros por los delitos de Peculado, Falsedad Genérica y Asociación Ilícita para Delinquir en agravio de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná y del Estado Peruano, a pesar que el Procurador Anticorrupción de Cañete solicitara de manera reiterativa la expedición de copias certificadas de todas las resoluciones emitidas en dicha investigación, así como de los cargos de notificación de las resoluciones, especialmente la que dispuso el archivamiento del proceso en parte, este fue atendido después de más de dos meses no cumpliéndose con la remisión de las instrumentales requeridas. Esta cuestionada actitud de la integrante del Ministerio Público de Cañete, trajo como consecuencia que el Procurador Anticorrupción no pudiera hacer uso de su derecho a interponer los medios impugnatorios convenientes.

En este sonado caso que fue materia de archivamiento en parte y cuyas resoluciones no fueron notificadas al defensor del Estado, corresponden a un proceso en donde se denuncia a autoridades y funcionarios municipales durante la gestión de Javier Alvarado como alcalde del distrito de Lunahuaná en un cobro de alrededor de un millón de dólares a la empresa Telefónica.

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