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Nuevo Código Procesal Penal en Huaura ¿Una Experiencia Positiva?

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Crimen y Castigo

Este hecho motivó una campaña de la prensa cuestionando la conducta seguida por el Representante del Ministerio Público de Huacho, quien no supo o no pudo cumplir con la Ley.

Toda persona que vive en una sociedad civilizada, cuando siente que sus derechos han sido vulnerados y busca tutela jurisdiccional, espera que la JUSTICIA sea capaz de establecer el daño ocasionado, identificar al autor de ese daño, sancionar a dicho autor y reparar el daño. Quién es el responsable legal de obtener esto?: El Ministerio Público, en primer lugar, como responsable exclusivo de la investigación del delito.

En Huacho desde el primero de julio del 2006, es decir desde hace dos años, está vigente el Nuevo Código Procesal Penal y que fuera presentado como “una modernización de la justicia”; están los fiscales capacitados para cumplir con ello?


Por qué se tuvo que esperar que el escándalo saliera por la prensa para recién preocuparse en detener al presunto violador? No fueron suficientes los medios probatorios?, si la menor declaró identificando al agresor y hasta describió algunas señas particulares del mismo y qué decir del certificado médico legal que acreditó fehacientemente el acto sexual. Porqué fue liberado el psicólogo? Los padres lo detuvieron, cumpliendo con el llamado “arresto ciudadano” que contempla el NCPP, la policía realizó la debida investigación y cumplió con su función poniendo al detenido a disposición del Fiscal Penal de Turno, pero este lo liberó.

Cuando una autoridad NO es capaz de cumplir con la Ley por que no sabe, no quiere o no puede, es un funcionario capaz? Si viola y lo liberan, eso anima o desanima a otros que pueden hacer lo mismo? Qué mensaje se envía a los que delinquen: Así delincas te soltaremos, tu dirás?.

Hechos como los descritos hacen dudar sobre la conveniencia del Nuevo Código Procesal Penal, pues en que se diferencia del anterior si los resultados casi son los mismos.

Esperamos que estos hechos repudiables del accionar de una institución que dice ser “defensora de la legalidad” esté a la altura de la misión que la Constitución y las leyes de este país le encomendaron, caso contrario, si no pueden o no quieren cumplir con la Ley, ya saben lo que deben hacer.

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