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Declaran fundado pedido de detención preliminar contra Keiko Fujimori

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El Poder Judicial ordenó hoy la detención preliminar por diez días contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó su abogada Giuliana Loza.

Indicó que la medida se dictó sin ninguna prueba y que fue ella quien se puso a disposición de la justicia, una vez conocida la decisión, según dijo a RPP.

La lideresa de Fuerza Popular fue notificada de la medida cuando se apersonó a la Fiscalía para declarar en la investigación por los aportes a su partido. Estuvo acompañada de su esposo, Mark Vitto Vilanella.

Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió Fuerza Popular para financiar su campaña presidencial el 2011. La investigación comprende los cócteles que el partido dice haber organizado para recaudar fondos y las declaraciones de exdirectivos de la empresa Odebrecht que aseguran haber entregado presuntos aportes para la campaña.

“No hay ningún argumento para dictar esta medida, no existen argumentos válidos, ella ha cumplido con todo lo que indicó la fiscalía que la viene investigando, ella (Keiko Fujimori) siempre se ha puesto a disposición de las autoridades“, manifestó la defensora de Fujimori.

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Asimismo, refirió que esta orden de detención preliminar es injusta e indebida, así como significa un abuso por parte del Ministerio Público.

Keiko Fujimori fue traslada de la fiscalía hacia la sede de la Policía, en la avenida España.

De otro lado, a través de su cuenta de Twitter, IDL Reporteros señaló que el pedido de detención preliminar también alcanza a otros 19 personas, donde está incluido el expresidente del Congreso, Jaime Yoshiyama.

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular viene siendo investigada por el caso de la recaudación de dinero para su campaña obtenidos en 3 cócteles, realizados los días 21 de diciembre del 2015, 13 de febrero del 2015 y 14 de noviembre del 2016, los cuales no tendrían sustento.

El fiscal encargado de este caso, José Domingo Pérez, resolvió aplicar la Ley contra el Crimen Organizado, en el marco de la cual la investigación debería ampliarse hasta por 36 meses.

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