El estado de emergencia en el Callao está con las horas contadas. El sábado 15 de este mes, después de 310 días en marcha, la medida de excepción en el primer puerto –que fue calificada de ‘light’ por algunos policías chalacos– llegará a su fin.
La culminación del régimen, que empezó el 5 de diciembre del 2015, era una decisión inminente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien siempre se mostró contrario a seguir con esta disposición aplicada por Ollanta Humala para “luchar contra la delincuencia” desbordada en el Callao.
“No hay que exagerar el tema de los estados de emergencia […]. Nosotros lo prolongamos un tiempo más y yo creo que ahí concluye”, sostuvo el presidente la semana pasada, cuando se le consultó sobre el tema.
El viceministro del Interior, Rubén Vargas, explicó a este Diario que los policías no necesitan una medida como esta –que recorta derechos a los ciudadanos, como la inviolabilidad del domicilio– para enfrentar la inseguridad. “La emergencia no puede ser para siempre. Las autoridades del Callao, además, nos informaron que está creciendo un estigma contra los vecinos del Callao y la inversión privada se ahuyenta”, remarcó.
Vargas fue enfático en resaltar que el número de policías [3.614 en total] se mantendrá intacto en el Callao. Además, confirmó que los delincuentes chalacos emigraron a otros distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos y el norte chico de Lima, como Huaral y Barranca. Es decir, nunca se acabó con la inseguridad como se esperaba, simplemente hubo un desplazamiento de los delincuentes.
¿Qué pasará si en noviembre o diciembre el número de homicidios se duplica en el Callao porque los delincuentes regresan?, le preguntamos. “Eso no va a suceder porque toda la logística se mantendrá. Además, estamos alistando una serie de disposiciones para enfrentar el crimen organizado como el tráfico de cocaína y las extorsiones. Acá se extorsiona hasta a los encargados de construcciones pequeñas”, respondió.
El viceministro resaltó que sostienen conversaciones con los concesionarios del puerto del Callao [APM Terminals y DP Wordl] para que los policías de la Dirección Antidrogas (Dirandro) tengan mayor presencia en las zonas primarias de los puertos, donde algunos empleados que se coluden con las mafias del narcotráfico colocan cargamentos de cocaína en contenedores que tienen como destino Europa.
“Hemos tratado con guantes de seda a los concesionarios. Ellos podrían ser multados si se decomisa cocaína en sus instalaciones”, enfatizó. Agregó que se colocarán escáneres en puntos estratégicos en el puerto para detectar si los contenedores ingresan contaminados con droga.
—Ola de violencia—
De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, entre enero y el 30 de setiembre de este año se han registrado 59 crímenes en el Callao, mientras que en el mismo período en el 2015 esta cifra fue de 80.
Los vecinos del jirón Castilla, uno de los tantos en el Callao que fueron zona de sicarios y ladrones, aseguraron a este Diario que la mayoría de estos malhechores se ha ido porque hay más policías patrullando. Sin embargo, justo cuando realizábamos un recorrido, dos muchachos arrebataron el celular a un transeúnte. La policía nunca los encontró.
El presidente regional Félix Moreno está a favor del levantamiento del estado de emergencia. “Estamos colocando más cámaras”, afirmó. Omar Marcos, alcalde de Ventanilla, dijo que nunca se planteó ni se ejecutó un cambio radical en el primer puerto.
NUEVOS AIRES
“El Estado nunca hizo nada por nosotros”
Desde hace 10 meses, en el Callao se desarrolla el proyecto de residencias artísticas y rescate arquitectónico Monumental Callao. Este pretendería poner en valor espacios olvidados del primer puerto y ha empezado con el jirón Castilla, zona de sicarios y guarida de Los Malditos de Castilla, la organización que extorsionaba a constructoras y colegios.
Esta semana, el proyecto fue cuestionado porque supondría el desplazamiento de habitantes para convertirlo en un barrio de moda con restaurantes de comida costosa. Este Diario recogió algunas opiniones. “Nos han dado trabajo, dan clases de fotografía, inglés, ajedrez gratis a los niños. Yo voy a estudiar inglés porque quiero ser un guía turístico más adelante”, sostuvo Yarel Jiménez, de 19 años, quien estuvo a un paso de convertirse en un delincuente más.
Otra vecina que trabaja en la seguridad de la casona Ronald dijo: “Nunca han hecho nada por nosotros, al menos los privados, sí”. Los resultados de lo que sucederá en este lugar se verán en un par de años. Los vecinos del Callao afirman que el Estado nunca ha hecho nada por ellos.
El Comercio.pe
