Inicio PORTADA Ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido por intento de soborno

Ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido por intento de soborno

El ex viceministro de Justicia del actual Gobierno, Gerardo Castro, fue detenido hoy cuando pretendía sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción a fin que los dueños de tres embarcaciones amplíen sus permisos de pesca.

Castro Rojas es militante aprista, figura como tal en el padrón de afiliados que el Partido Aprista entregó al Registro de Organizaciones Políticas del JNE, documento que está actualizado al 24 de enero de este año. En julio del 2009 fue designado viceministro de Justicia en reemplazo de Erasmo Reyna Alcántara; pero en marzo del 2010 él dijo que renunció al cargo con el fin de se precandidato de su partido al Gobierno Regional de Lima.

Sin embargo, en realidad habría sido removido de su posición por quien asumiera por entonces la cartera de Justicia, Víctor García Toma, quien buscó alejar al círculo de confianza de su antecesor, Aurelio Pastor, tras el escándalo por el indulto que el Ejecutivo había concedido al ex empresario televisivo, José Enrique Crousillat, hoy nuevamente preso.


MÁS DETENIDOS
Junto a Gerardo Castro fue detenido Adriana Pérez. Ambos estaban en uno de los ambientes de la sede ministerial, en el rol de ‘tramitadores’, intentando sobornar a Alejandro Ríos, asesor en el despacho del viceministerio de Pesca. Fue este último quien informó a sus superiores del acto ilícito que se quería cometer.

Cinco personas fueron detenidas tras querer sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para ampliar sus permisos de pesca.

El ministro de la Producción, Jorge Villasante, fue quien informó sobre las detenciones, que incluyen a otros tres sujetos más. Asimismo, mencionó que las embarcaciones a las que se pretendía favorecer son las llamadas Mi Agustín, José Martin y Rosalina II, cuyos dueños son Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma, quienes podrían ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

El Comercio

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